En noviembre de 1986, en el editorial del primer número de la
revista TV-Grama, titulado “La Televisión Chilena”, consignábamos que
“Uno de los mitos que existen en algunos sectores de nuestro país es que
la televisión es mala y produce efectos perniciosos en la juventud”. Y
agregábamos: “Afortunadamente, la realidad es muy distinta. La
televisión, como todo avance tecnológico, tiene efectos positivos que no
se dejan esperar si es bien utilizada. En este sentido, las cifras
hablan por sí solas. Más del 90% de los hogares de Chile poseen un
aparato de televisión. Y, lo que es más importante, no sólo ven
programas de simple entretención, sino que se motivan por buenos
espacios informativos y culturales. De hecho, algunas de las mejores
audiencias se verifican en las horas de los noticiarios y de la franja
cultural”.
Estos elogiosos comentarios eran motivados por las
estaciones televisivas que nacieron de la estructura de concesiones que
se originó en la década de 1960, con un canal estatal y varios en manos
de las universidades. En buenas cuentas, en nuestra opinión, esta
fórmula sui generis, con una estación estatal (que después se denominó y
se definió como “pública”) y otras universitarias, conformó un sistema
audiovisual para nuestro país de bastante calidad, tanto técnica como
programática.
Cabe consignar que en aquellos años no existía un
organismo que controlara los contenidos de la televisión, ni tampoco de
la radio. Sólo imperaba la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que
supervisaba el cumplimiento de las normas técnicas. Sin duda, la
autorregulación era efectiva, dados los propietarios de las empresas
audiovisuales, agregándose idóneos ejecutivos máximos, cuya ética se
daba por descontada; fue emblemática la presencia de don Eleodoro
Rodríguez, como director ejecutivo de Canal 13, que combinaba la
eficiencia técnica (era ingeniero eléctrico propietario de una tienda de
su especialidad) con una notable habilidad en materias programáticas, y
que contaba con la confianza de la Iglesia y la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Entreparéntesis, también cabe recordar que los
países europeos, en la mayor parte del siglo pasado, tampoco tenían
televisión privada, ni radios de particulares. Como medidas de seguridad
nacional, a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo el
broadcasting estaba en manos del Estado o de comunidades locales. Sólo
hacia fines del siglo se privatizaron –por ejemplo, en España, Italia y
Francia– algunas estaciones televisivas, pero manteniendo con mucha
fuerza los canales estatales. En aquellos años, constatamos que las
entidades audiovisuales públicas contenían programación con alto
contenido sexual, que en nuestro país ni siquiera hubiera sido permitida
en cine para mayores de 21 años.
En cambio en Norteamérica las
cadenas de televisión desde un inicio fueron privadas (CBS, NBC y ABC),
como continuadores de las correspondientes entidades radiales. Sin
embargo, sus programas siempre fueron cuidadosos de la moral y las
buenas costumbres, por convicción propia (autorregulación) y por
supervisión de organismos gubernamentales. Sí, al igual que otros medios
de comunicación, están sujetas a un fuerte control antimonopolio.
En
esta materia, en Chile –y en todo el mundo– ha corrido mucha agua bajo
los puentes. Ya es un hecho de la causa la multiplicidad de canales
especializados por cable (VTR) y satelital (DirecTV), así como las
incursiones privadas en la televisión de libre recepción, estando ad
portas la compra de dos tercios de Canal 13 por la familia Luksic
(controladora, entre otras empresas, del Banco de Chile) y la
adquisición de Chilevisión (actualmente del presidente Piñera) por
Bethia, que es propiedad de una rama Solari Falabella. A la vuelta de la
esquina está la implementación de la televisión digital, que posibilita
una imagen de alta resolución, pero también más señales y, por ende,
una explosión de espacios más segmentados.
Ante este mare magnum,
curiosamente el camino correcto es complejo, pero a la vez nítido:
Fomentar una competencia dinámica y efectuar un control adecuado de
contenidos. La competencia se logra con una legislación que promueva
múltiples emprendimientos, en particular con la normativa de las nuevas
frecuencias digitales, y con un accionar eficaz de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, del Tribunal de la Libre Competencia y de la
Fiscalía Nacional Económica, que eviten monopolios u oligopolios. El
Consejo Nacional de Televisión, a su vez, debe incentivar los programas
positivos y valóricos, sean informativos, culturales o de simple
entretención, supervisando que no se cometan excesos en los contenidos,
en términos de no transgredir la moral y las buenas costumbres
imperantes en la sociedad, en especial para proteger la sana formación
de niños y jóvenes.
Juan Ignacio Oto
Director de PUBLIMARK
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